Hoy no quería creer lo que mis oídos escuchaban cuando me comunique con defensoría pública del Estado para pedir información ante lo que considero el avasallamiento de la vida y la salud de los ciudadanos, que es un derecho consagrado en la Constitución de lo que fue una república ejemplar en el pasado, y al averiguar a qué tiene derecho una persona enferma que no puede estar ante los efectos residuales de la marihuana.
Quería creer en el Estado y las instituciones democráticas, pero veo que eso ya no es posible. El Estado se ha convertido en un especie de facilitador para que los malos y adictos sigan operando bajo impunidad total, castigando a la honestidad y las buenas costumbres de los ciudadanos que solo quieren vivir en paz.
Si uno denuncia situaciones irregulares o sospechosas donde el Estado no previó y dónde tampoco quiere dar soluciones, solo propone parches. Pasas a ser el malo de la película, arriesgando a perder la libertad por denunciar lo que está mal. Se le exige pruebas al denunciante ya que el Estado es cómplice, avasalla los derechos y obligaciones de los buenos y honestos ciudadanos, y cuando se los cuestiona, solo ponen escusas para no actuar y si actúa es a regañadientes.
¿Qué hacer? Que interesante pregunta. Tratar de pelear una guerra ya perdida por tus derechos o dejarse morir ante un narco Estado que solo busca satisfacer la necesidades de unos pocos o de personas influyentes extrajeras que han impuesto estás modas y olvidar salvaguardar los más altos intereses de una patria, de un país, que son sus ciudadanos, que son los ramales que dan vida a un Estado.
Héctor Peyró.